La LACAP o Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ha estado vigente desde hace varios años y regula las compras que hace el gobierno de manera que todo sea en justa competencia de precios y que la oportunidad sea para todos los que puedan ofertar. Se venía cumpliendo, pero no se escapaban ciertos actos que llevaban a la corrupción y a la falta de ética. Sin embargo, el 18 de mayo de este año, se reformó la ley con regulaciones que la llevaron a endurecer los procedimientos y a acentuar las penalidades a cumplir. 

Entre estas reformas está el control con los cumplimientos de los contratos, los cuales si antes no se lograba entregar en tiempo, había manera de llegar a entregar y cumplir al final, pero ahora, con el control que se lleva, se puede llegar a rescindir un contrato y esto significa la muerte para algunas empresas...

El caso que me trae a hacer este preámbulo es por que yo me desempeño en el área de licitaciones de la empresa para la cual trabajo. Preparamos la oferta, la armamos y la presentamos en cada UACI de cada institución que venga al caso. Este año, precisamente uno de nuestros proveedores se atrasó con el despacho de la mercadería que debíamos suplir a un Ministerio del Gobierno y resulta que los muy pícaros, temerosos de lo que las nuevas regulaciones les pudieran traer, despidieron a la persona a cargo del contrato y nos rescindieron el contrato. Todo esto sin vencernos en juicio, como quien dice "en una encerrona" y solo nos entregaron el oficio que a la fecha nos tiene con el agua hasta el cuello, ya que lo que aplica en este caso según ley, es inhabilitar a la empresa por incumplimiento. 

Si ellos logran hacer eso, cosa que no hemos permitido hasta que nos escuchen y venzan en juicio, la empresa deberá disminuir sustancialmente el personal (de 25 empleados, quedarse con 4 ó 5, uno para cada área) y hacer reingeniería, o siendo nefastos, cerrar sus puertas, dado que el mayor volumen de ventas está orientado al sector gubernamental y lo que consume la empresa privada es mínimo.

Para el gobierno, las normas les significan protección de los fondos que administra cada cartera, para nosotros controles más estrictos que nos obligan a hacer las cosas de manera exacta. Sin embargo, cuando la Ley por desconocimiento o temor es aplicada arbitrariamente, pierde el gobierno y perdemos más nosotros, que de cada uno de los 25 empleados depende otro grupo de personas, que de pronto vamos a estar demandando un puesto en el Centro Histórico, dentro del comercio informal para poder llevar alimentos a nuestros hijos...

Que cosas...!